Irregularidades en megainspección al transporte de carga
Inspecciones conjuntas realizadas por el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección General Impositiva (DGI), la Inspección General del Trabajo (Igtss) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) detectaron que cuatro de cada 10 empresas de transporte terrestre de carga (de un total de 50) presentaron irregularidades, fundamentalmente en subdeclaraciones de salarios. Con esa base, los cuatro organismos desarrollan una nueva inspección, esta vez a grandes importadores ubicados en la calle Arenal Grande.
El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, señaló que las inspecciones realizadas tienen que ver con “acciones coordinadas de combate contras la informalidad”. En ese sentido, destacó que Uruguay presenta los mejores indicadores de formalidad en América Latina, tanto en el pago de impuestos, en el de contribuciones especiales de seguridad social y de comercio exterior.
El primer operativo realizado fue en el transporte terrestre de carga. Las actuaciones conjuntas de los organismos requirieron los servicios de más de 100 funcionarios. Se investigaron 50 empresas del sector, con el foco ubicado en aquellas de mayor dimensión económica, indicó Ferreri. A su vez, el inspector general de Trabajo, Gerardo Rey, informó a El País que las actuaciones conjuntas se efectuaron en Artigas, Tacuarembó, Rivera y Montevideo. En esas actuaciones se detectó mayormente que “al menos cuatro de cada 10 inspecciones dieron irregularidades, fundamentalmente en la subdeclaración, donde los registros no coinciden con lo que debía aportarse”, dijo Rey.
El jerarca añadió que la información se encuentra en proceso de verificación, por lo que la cifra puede llegar a aumentar. “Esta subdeclaración se da porque muchas veces el trabajador acepta algún planteo que le hace el empleador para que una parte de sus retribuciones no se declare”, explicó Rey.
Añadió que la declaración correcta “por más que haya un acuerdo en los hechos con el trabajador, es una responsabilidad del empleador. Es el responsable de pagar lo que establece la normativa”. Ya detectadas las irregularidades, las empresas ahora deberán ingresar en un proceso de regularización donde se generará un pago de reliquidaciones, multas y recargos correspondientes. Y además, en caso que se detecten ilícitos las oficinas intervinientes en las verificaciones realizarán las denuncias penales que correspondan.
Rey informó que a partir de las actuaciones en el transporte de carga el Ministerio de Trabajo, esta vez en solitario, realizó una inspección del mismo tipo en el puerto de Montevideo durante la operativa de embarque de soja. Y allí se verificaron resultados similares a los observados en anteriormente. Además, las cuatro dependencias replican las inspecciones a grandes mayoristas que a su vez son distribuidores de mercadería, ubicados en la calle Arenal Grande. Pero estas inspecciones todavía no arrojaron resultados.
Ferreri informó que estos operativos continuarán en otros sectores y también con otros organismos como Ancap en el tema de contrabando de combustibles o con la Secretaría Antilavado de Activos. Artículo publicado en EL PAIS
