Los empresarios van a pelear

Los empresarios entienden que la ley de responsabilidad penal del empleador afecta sus derechos y tiene vicios jurídicos que pueden hacerla caer. Están dispuestos a actuar. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios ya decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

La iniciativa, promovida por el Sindicato de la Construcción (Sunca) con el respaldo del PIT CNT, fue aprobada en el Parlamento con el apoyo exclusivo del Frente Amplio. La norma establece penas de hasta 24 meses de prisión para el empleador que ponga en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, como consecuencia de no adoptar medios de resguardo y seguridad laboral.

Juan Mailhos, gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, dijo que la institución está dispuesta a liderar la defensa de los derechos de sus asociados. ”Nada definitivo podrá hacerse contra la opinión de los empresarios”, aseveró.

¿Por qué los empresarios se oponen a este proyecto aprobado por el Parlamento?

Los empresarios comparten el objetivo de reducir los accidentes de trabajo. El país tiene niveles altos de accidentabilidad laboral, que muchas veces genera lesiones y hasta el fallecimiento de trabajadores. Hay que aumentar las acciones tendentes a prevenir y reducir los accidentes de trabajo. Lo que no creemos que este objetivo se pueda lograr a través de una ley.

¿Cuál es el camino?

Hay que instalar en el país una cultura de prevención, a partir de políticas acordadas por empresarios, trabajadores y el Estado.  Para definir esas políticas hay que analizar los riesgos en todos los trabajos y definir protocolos con los procedimientos para prevenirlos. A nuestro juicio esa es la única vía para bajar la siniestralidad. Esta ley lo único que hace es establecer un delito empresarial, que no compartimos en su concepción ni en su conveniencia.

Pero también le están haciendo objeciones desde el punto de vista jurídico.

La ley tiene inconsistencias claras en relación a su apego al Derecho. Rompe con el principio de legalidad, porque en materia penal no puede haber delito sin una ley que lo establezca.  En este caso se establece un delito por incumplimiento de las leyes de salud y seguridad y de sus reglamentaciones. Va a ser muy difícil que el empresario pueda conocer cuál es la conducta que no puede realizar para no incurrir en un delito penal. Es un tipo penal en blanco, contradictorio con el principio de legalidad, lo que a nuestro juicio permite atacar la ley desde el punto de vista de su constitucionalidad.

* Juan Mailhos, gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios

Además, el derecho penal se rige por el principio de culpabilidad, es decir que tiene que haber un nexo entre la conducta castigada penalmente y el actor que la realiza. Acá, por poner en peligro la vida de un trabajador al incumplir disposiciones legales o reglamentarias, se incurrirá en delito. Puede considerarse que se está aplicando una responsabilidad objetiva, que no es objeto del derecho penal.  Por el contrario, el derecho penal debe analizar las concausas que llevan al delito y la conducta del trabajador en el acaecimiento del accidente. Nosotros no decimos que la responsabilidad es siempre del trabajador, pero tampoco lo es siempre del empresario. Es claro que el empresario no tiene habitualmente el poder de dirección inmediato sobre el trabajo que se está haciendo, por lo que hay una cantidad de circunstancias que se debería tener en cuenta para establecer la responsabilidad penal del empleador.

Una ley que crea un delito empresarial como delito de peligro y con una responsabilidad objetiva parecería tener un desapego con la Constitución.   

¿Los problemas que tiene la ley pueden ser subsanados a través de reglamentación? 

No, las leyes penales no se reglamentan. Cuando la ley hace referencia a ”su reglamentación”, habla de las referidas a leyes de salud y seguridad. Eso es lo que viola el principio de legalidad. Lo que seguramente se quiera ahora será reglamentar las actividades y los riesgos. En otras palabras, se puso la carreta delante de los bueyes. 

¿Y por qué se eligió ese camino? 

Los que impulsaron y votaron esta ley saben que tienen un problema. Cumplieron un objetivo político, pero no solucionan lo que quieren solucionar.

¿Los empresarios sienten que el gobierno ignoró su opinión?

Es muy claro. Esta es una ley impulsada por el Sunca y el PIT CNT, que en el Parlamento fue promovida por los representantes del Frente Amplio en la comisión de Legislación de Diputados, que son todos ex sindicalistas. No se tomaron en cuenta los aportes del sector empresarial, que planteó un proyecto alternativo en base a los convenios 155 y 161 de la OIT, con la posibilidad de hacer un análisis de riesgo y protocolos de manera acordada para cada actividad, evaluación cada pocos años y sanciones administrativas para los que incumplieran. 

Se lo presentamos al vicepresidente de la República. Astori nos pidió que se lo lleváramos al PIT – CNT y lo hicimos, pero nunca hubo una contestación formal. Por el contrario, continuaron presionando al Parlamento, hasta que la ley fue aprobada. 

También desde el punto de vista de las formas este procedimiento nos genera una preocupación importante. Lamentamos no haber sido tomados en cuenta. Porque impacta en las relaciones de confianza que tiene que haber entre los sectores sociales para lograr acuerdos. Esta ley le da un cachetazo a esa confianza.

¿Se ha hecho una valoración del impacto económico que tendrá la norma en los costos de la actividad empresarial?

Es muy reciente la aprobación de la ley. Sin duda va a provocar costos y va a encarecer la actividad. Habrá que adecuar las infraestructuras a la normativa y contratar asesores en materia de seguridad laboral. 

¿Piensa que la ley puede afectar nuevas inversiones?

Ya se empezaron a escuchar voces de empresarios que integran cámaras binacionales, quienes alertan sobre las dificultades que se crean y el retraimiento a analizar nuevas inversiones en Uruguay.  Pero hay hechos mucho más concretos.  Las autoridades de la Cámara de Comercio ya recibieron anuncios de empresarios que están pensando seriamente en cerrar sus empresas y otros que decidieron no tomar más trabajadores, porque no quieren ampliar su riesgo. Es un desestímulo muy grande a la actividad empresarial, porque los empresarios ven que se están exponiendo a riesgos muy importantes.

¿El impacto puede ser mayor en pequeños empresarios?

La ley habla de empleadores, por lo que alcanza hasta el ama de casa que tiene personal doméstico. En la Cámara hemos recibido empresarios del interior del país, que también están muy preocupados.

¿Y qué va a pasar con el Estado patrón?

Eso no está claro. Tanto con Brenta como con Bayardi, el Ministerio de Trabajo no ha sido muy explícito en su posición respecto a la ley.  No cabe duda que las empresas comerciales industriales y comerciales del Estado están alcanzadas, pero no sabemos qué pasará con el resto del Estado.

El año pasado un trabajador que limpiaba vidrios en el Ministerio de Trabajo cayó al vacío y murió. A principio de este año un efectivo de la Guardia Republicana que custodiaba la Torre Ejecutiva fue golpeado por un portón y también murió. Si esta ley hubiera estado vigente, los ministros de Trabajo y del Interior habrían sido imputados? Son situaciones que deberán ser aclaradas. 

¿Cuál es el próximo paso entonces? 

Las 25 cámaras empresariales que negocian en Consejos de Salarios anunciaron que van a estudiar el arreglo a derecho de la ley. La Cámara de Comercio ya decidió impulsar una acción por inconstitucionalidad. Entre los especialistas hay bastante consenso sobre la inconstitucionalidad. 

Se ha planteado también la posibilidad de recurrir ante organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo. 

¿Eso está decidido?

Es una posibilidad. La vamos a analizar. No se puede actuar con la cabeza caliente. Hay que hacerlo con prudencia, seriedad y profundidad.  Vamos a solicitar el asesoramiento correspondiente, pero queremos ser muy claros: si los derechos de los empresarios son afectados, vamos a liderar su defensa y haremos todo lo que haya que hacer para que la ley no sea aplicada tal como fue concebida. Nada definitivo podrá hacerse contra la opinión de los empresarios, como no podría hacerse contra la de los trabajadores o la del Estado.

Mientras tanto, la ley va a entrar en vigencia y habrá que asesorar a los empresarios sobre sus obligaciones y riesgos. No nos vamos a hacer los distraídos, porque hay que actuar sobre la realidad.  Fuente: Revista Comercio Exterior